Autos “chocolate”: ya circulan 120 mil legalizados en Guanajuato, advierte la AMDA
León.- En el estado ya están circulando alrededor de 120 mil automóviles plaqueados, que en algún momento fueron ilegales, los conocidos como chocolates”; así lo señaló Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Guanajuato.
El líder de los centros de venta de autos, dijo que en total en México circulan cerca de 3 millones 200 mil unidades de este tipo, de las cuales mencionó que, como distribuidores no están en contra de que una persona migrante regrese con un automóvil o camioneta de este tipo y los legalicen; sino que la contra es con aquellos que traen flotillas completas de estos autos y los plaquean masivamente con tablillas de estados mexicanos en las entidades que lo permiten.
“Guanajuato no ha firmado el convenio, nosotros estamos más que agradecidos de que no se haya firmado el convenio de regularización (…). Buscamos que haya facilidades administrativas, para la gente que va a Estados Unidos, trabaja y viene hacia nuestro país, para que puedan traer su vehículo, si están cumpliendo con las regulaciones por ejemplo del estado de California o de Texas, es muy fácil que pasen las regulaciones de este país”, dijo Arturo González Palomino.
Otro de los problemas que señaló, en torno a la legalización de vehículos fue “el coyotaje”, pues aunque el tramite cuesta alrededor de 3,500 pesos, este se eleva hasta los 30 mil debido a que en muchas de las ocasiones hay quienes buscan ahorrarse las filas y el papeleo, o bien no cuentan con algún documento como demostrar la residencia en alguno de los estados que permiten la regularización.
“En temas de corrupción, sale entre 20 mil y 30 mil pesos regularizar tu vehículo, nada más hay que mandar unos papeles y ya te dan tus placas y ya estás regularizado, Ahí te quedas en el estado origen un año, dos años y ya puedes traerlo a Guanajuato y plaquearlo aquí”, comentó.
Finalizó diciendo que “el coyotaje”, podría ser una manera informal de recaudación de los estados, pero que debe buscarse poner candados para que efectivamente solo los ciudadanos interesados en hacerlo, puedan concluirlo y al costo real.













