Cuando el poder deja de escuchar
Por León Quirarte | Bitácora Política
En Guanajuato, la política ya entró en una fase donde el conflicto permanente empieza a sustituir al debate. Y esta semana hubo dos escenas distintas que, en el fondo, cuentan exactamente la misma historia: el poder cada vez escucha menos… y confronta más.
La primera ocurrió en el Congreso del Estado. Ahí, el pleito entre PAN y Morena volvió a escalar hasta convertir la tribuna en un campo de batalla político.
De un lado, el coordinador panista Jorge Espadas Galván acusó a Morena de mantener vínculos con estructuras criminales y exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo romper el supuesto “pacto criminal” heredado del obradorismo. Del otro lado, Morena respondió acusando al PAN de corrupción histórica, de proteger a sus propios personajes cuestionados y de convertir el Congreso en un tribunal mediático basado en notas periodísticas.
Lo verdaderamente grave no fueron las consignas. Fue el nivel al que llegó la discusión.
Mantas desplegadas en plena sesión. Diputados retándose públicamente a investigarse entre sí. Legisladores hablando de narcogobernadores, pactos criminales y delincuencia organizada como si el Congreso fuera una extensión de las redes sociales.
El mensaje político es demoledor: la polarización ya dejó de ser discurso electoral y se convirtió en dinámica institucional.
Y mientras Morena y PAN se lanzan acusaciones cada vez más agresivas, la ciudadanía empieza a mirar un Congreso atrapado más en el escándalo que en la solución de problemas.
Pero si el Congreso exhibió la guerra política estatal, León mostró otra cosa: el desgaste del poder municipal.
La comparecencia a la que no acudió Enrique Avilés terminó siendo mucho más que una ausencia administrativa. Fue un desafío político directo al Ayuntamiento.
Síndicos y regidores de distintas fuerzas políticas habían solicitado explicaciones sobre dos temas particularmente delicados: los recursos utilizados para promocionar el Programa de Obra 2026 y el cambio en la imagen institucional del gobierno municipal, donde el azul histórico fue desplazado por tonos naranja y turquesa tras la salida de Alejandra Gutiérrez del PAN.
Pero el director simplemente no llegó.
Ni información.
Ni explicación.
Ni oficio contundente que justificara la ausencia.
Y eso encendió todavía más los ánimos.
El síndico Román Cifuentes recordó algo que en teoría debería ser obvio: el Cabildo es la máxima autoridad del municipio y ningún funcionario puede actuar como si estuviera por encima de él. La regidora Irazú Anguiano calificó la ausencia como una falta de respeto. La independiente Norma López incluso planteó revisar posibles responsabilidades ante Contraloría.
El problema para la administración municipal es que la discusión ya no gira solamente en torno a colores o campañas de difusión.
Ahora gira alrededor de la percepción de opacidad.
Porque cuando un funcionario evita comparecer justamente en el momento en que se cuestiona el uso de recursos públicos y la politización de la imagen institucional, la sospecha crece sola.
Y la alcaldesa enfrenta un escenario cada vez más incómodo: mientras intenta construir una nueva narrativa política fuera del PAN, dentro de su propio Ayuntamiento comienzan a surgir resistencias, reclamos y exigencias públicas de explicación.
Lo más revelador es que ambos episodios —el Congreso convertido en ring y el Ayuntamiento convertido en campo de tensión interna— tienen algo en común: la política dejó de ser diálogo y empezó a funcionar a partir del choque constante.
Todos hablan fuerte.
Todos acusan.
Todos confrontan.
Pero cada vez menos personas explican.
Y cuando el poder deja de explicar, inevitablemente empieza a perder credibilidad.
